La denuncia constitucional planteada por Daniel Salaverry contra Pablo Sánchez, es gravísima por un sinnúmero de aspectos, no solo porque está muy mal hecha, sino porque pone en evidencia que se trata de una represalia que se está tomando contra la Fiscalía, luego que el último viernes se reabriera el proceso por lavado de activos en contra de Joaquín Ramírez y que involucra a Keiko Fujimori.

El fujimorismo extraña a Blanca Nélida Colán, que más que una fiscal de la Nación en una verdadera recadera de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Pero como no pueden tenerla y encima se viene el interrogatorio a Marcelo Odebrecht, lo que han hecho es reaccionar del único modo que saben hacer: con la chaveta. 

Esta nueva matonería revela varias cosas: que están desesperados, que sienten que han perdido el control del proceso, que no han aprendido a respetar la separación de poderes, que no tienen pudor en demoler las instituciones que les resultan incómodas. Y finalmente, que pueden haber cambiado las canas, pero el gen autoritario de los noventa permanece intacto.