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La acusación constitucional contra el fiscal de la Nación planteada por el fujimorismo busca cumplir un doble propósito. En primer lugar pretende anular a Pablo Sánchez y servirle como mensaje a los demás miembros del sistema de justicia peruano: a Keiko Fujimori no se la debe denunciar, no se la debe procesar si uno no quiere sufrir represalias.
Algo tan grave tenía que haberse hecho entre gallos y medianoche. Todos estábamos pendientes del partido de Perú cuando pasó en el Congreso esta denuncia hecha con un sustento ridículo. Pero las cosas podrían salirle al revés al fujimorismo si esta acusación constitucional al fiscal de la Nación lo que logra más bien es amalgamar a la Fiscalía, algo que parece estar ocurriendo.
Una actitud gallarda la que asume la Fiscalía y que ojalá sea imitada por el Poder Judicial, donde las cosas parecen ir en otro sentido. Una primera mala señal ha sido la decisión del juez Richard Concepción Carhuancho que le ha devuelto a Jorge Barata la condición de procesado. Esto es gravísimo y tiene un doble efecto.
Para ofrecer sus declaraciones a la justicia peruana, Marcelo Odebrecht estableció entre otras condiciones que se aclarara la situación judicial de Jorge Barata. Como están las cosas, luego de la decisión del juez Concepción Carhuancho, no llegará la grabación de la declaración de Odebrecht al país.
Barata fue clave en las ordenes de detención contra Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y podría serlo en el caso de otros expresidentes y figuras políticas.
