Mauricio Mulder ha presentado un proyecto que le quiere prohibir a las entidades públicas que pongan publicidad en los medios de comunicación privados. De aprobarse, las que lo hagan incurrirán en el delito de malversación.

Pone dos razones de fondo: en primer lugar cautelar los dineros del Estado y en segundo lugar porque la publicidad estatal puede ser un mecanismo de presión o manipulación. Pero es curioso que lo presente recién ahora y no cuando el partido aprista fue gobierno entre los años 2006 y 2011, en los que la publicidad estatal fluyó libremente a los medios de comunicación privados, y en los que se presentaron algunos casos bastante escandalosos como el sospechoso incremento de publicidad estatal en RBC, un canal que ni siquiera medía su rating.

¿Quiere decir Mulder entonces que el gobierno del Apra usó la publicidad estatal para conseguir un trato amable de los medios? La verdad es que el proyecto es una amenaza a los medios de comunicación.