La información de El Comercio que da cuenta del pago por parte de Odebrecht y OAS al publicista brasileño Valdemar Garreta para la campaña por el NO a la revocatoria demuestra que nadie se salva en la clase política peruana, que las constructoras brasileñas repartieron su dinero a diestra y siniestra sin hacer distingo, y que alcanzaron a todo el abanico desde la derecha hasta la izquierda.

Hace rato que la gestión de Susana Villarán está en el ojo de la tormenta. Lo ha estado por la cuenta en Andorra a nombre de Gabriel Prado, exfuncionario municipal, para la que este ha dado explicaciones francamente ridículas, señalando que se la abrieron usando un documento en blanco que firmó ante el reclutador de una empresa que él no sabía que era Odebrecht.

Hasta ahí lo llevó el gerente de la Municipalidad Miguel Castro que, como si no tuviese suficientes obligaciones, pudo fungir como intermediario entre Odebrecht y Prado. Además, según publica El Comercio, Castro también fue el intermediario entre las constructoras brasileñas y Garreta.

La gestión de la exalcaldesa tiene mucho que explicar. Ojalá que las investigaciones se prodiguen y alcancen a todos los corruptos asociados a Odebrecht y las demás constructoras. Acá no vale proteger a nadie porque nos cae simpático o porque pensamos que sus acusaciones podrían beneficiar a eventuales enemigos políticos. Para que avancen las investigaciones es necesario que se deje de obstaculizar el trabajo de la justicia, por ejemplo, amenazando al fiscal de la Nación.