La situación judicial de la exalcaldesa de Lima se complica cada día y ahora sabemos que es investigada por los delitos de lavado de activos y cohecho pasivo. Ella sigue diciendo que no conoce de dónde provienen esos fondos, que nunca se reunió con la gente de Odebrecht, que nunca dieron dinero a la campaña de la Municipalidad, pero todos los hechos e indicios empiezan a contradecirla.

Está muy bien que la justicia, por supuesto, haga su trabajo y sea implacable a la hora de sancionar y evaluar este caso. Pero al mismo tiempo llama la atención la evidente desigualdad con que son tratados unos y otros implicados en las investigaciones del caso Lava Jato en nuestro país.