La ampliación en las investigación contra las constructoras peruanas es importante por el fondo, por lo que supone una nueva investigación de esta naturaleza, pero también porque ha incitado a la Procuraduría a retirar su apelación en la exclusión de Jorge Barata del caso, lo que allana el camino para que este vuelva a acogerse a la confesión sincera.

Esta ampliación, además, termina por desbaratar la mentira sobre la que ha montado el fujimorismo la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación. 

Pero abre un nuevo escenario, involucra a un nuevo actor. Ya no es solamente la clase política la que comienza a estar salpicada por la corruptela de las constructoras brasileñas, ahora es también la empresa privada. Ojalá la CADE permita una amplia reflexión en el sector privado que se traduzca en un franco compromiso con la institucionalidad y de lucha contra la corrupción.