El informe que planea inhabilitar a un miembro del Tribunal Constitucional y suspender a otros tres, está por debatirse en la Comisión de Acusaciones Constitucionales ampliamente dominada por el fujimorismo y se espera que sus conclusiones sean aprobadas. Esto desmembraría al Tribunal Constitucional dejando el terreno libre para numerosas iniciativas del fujimorismo. Por ejemplo, un hábeas corpus a Alberto Fujimori o las iniciativas legislativas que le plazca a la mayoría del Parlamento, como una nueva ley antitránsfuga.

La situación es francamente gravísima y ha motivado un pronunciamiento de la Corte Interamericana de DDHH que ha pedido que el Estado peruano aclare la situación de estos magistrados antes de dictar medidas cautelares en favor de los mismos. Esta es una nueva iniciativa del fujimorismo de cariz golpista y autoritaria que como algunas otras le ha hecho merecedor del rechazo de la población.

El fujimorismo ha perdido por completo la noción de realidad pero también ha perdido la memoria, porque hace veinte años el gobierno de Alberto Fujimori hizo algo muy similar gracias a la mayoría del Congreso: destituyo a tres magistrados por no permitir su segunda reelección.