La presentación de proyectos de ley exigiendo a candidatos una militancia de tres años, es una situación incluso peor que la de 2016, porque supondría cambiar las reglas de juego sobre la marcha, algo que ya pasó para las elecciones regionales de este año cuando se ajustaron los plazos de inscripción de los movimientos y se eliminó a las organizaciones locales.

La decisión sería tomada por un congreso interesado, con los candidatos del fujimorismo, aliado al APRA, y los de APP interesados en desplazar a dos contendores que hoy parecen sólidos y que seguramente en una segunda vuelta le ganarían tanto a Keiko Fujimori como a César Acuña.