En un país que exige a sus gobernantes austeridad y prudencia, nuestro Congreso ha decidido abocarse a procesos de adquisición francamente faraónicos.

El problema de estas adquisiciones, además, empeora porque el Congreso aprobó una norma que le permite nombrar su propio auditor interno. Estos gestos han llamado mucho la atención de la ciudadanía y son los culpables de la abismal desaprobación que registra el Congreso.