La indignación popular contra el Congreso es lógica. En manos del fujimorismo bajo la presidencia de Luis Galarreta, este poder del estado ha ingresado a una verdadera espiral de descrédito.

Es comprensible el hartazgo de un amplio sector de la ciudadanía que no quiere ver como sus impuestos sirven para seguir costeando treinta trabajadores por cada congresista o ven que se infla el presupuesto del Congreso hasta llegar a los 709 millones de soles.

Pero una cosa es la crítica, justificadísima en este caso, y otra exigir que el Congreso sea cerrado.