Con testimonio de colaborador eficaz, se confirmó que el Club de la Construcción funciona desde 1996 en Perú, cuando gobernaba Alberto Fujimori. Estamos hablando de al menos 23 años de recorrido de este cartel de empresas constructuras que se dedicaron a sobornar a funcionarios del Estado para hacerse con las principales obras de infraestructura pública. Estos hechos ya habían sido denunciados por la Comisión de Delitos Económicos y Financieros ocurridos entre 1990-2001, que presidió el fallecido congresista Javier Diez Canseco. La comisión señaló que casi el 70% de obras públicas se concentró en un puñado de empresas.
Los socios del Club de la Construcción eran más de 25 entre los que se encontraban empresas como Graña y Montero, Cosapi, entre otros, según versión del testigo. Estas se comportaban como una mafia que acaparaba las principales obras y se las repartía por orden de prelación interesándose sobre todo en aquellas que valían más de 100 millones de soles, gracias al pago de sobornos equivalente al 3% del valor de cada proyecto.